Durante muchos años los cuerpos
policiales atentaron contra la integridad y los Derechos Humanos de las
ciudadanas y ciudadanos venezolanos, utilizando técnicas violentas para
neutralizar situaciones de riesgo o prácticas delictivas. Estas
actuaciones se fueron incrementando y volviendo comunes en todos los
cuerpos de seguridad, ya que los entes de seguridad del Estado formaban a
las funcionarias y funcionarios bajo el criterio del amedrentamiento y
la vulneración de los derechos de los ciudadanos.
Por su parte, los cuerpos de seguridad
del Estado reconocían a las funcionarias y funcionarios que más
infringían la ley, asesinaban, lesionaban y violaban Derechos Humanos
como los mejores y más destacados en su área.
Tomando esto en consideración es
especialmente necesario e importante recalcar que el uso de la fuerza
debe ser el último elemento a considerar para resolver cualquier
conflicto. No obstante, debe aclararse que el método para usar la fuerza
es progresivo y su aplicación siempre dependerá de la conducta del
ciudadano, ya que el funcionario deberá determinar qué tipo de fuerza
utilizará, según la circunstancia que se plantee.
Las normas marcan la diferencia.
La Conarepol nace con el objeto de
construir un nuevo modelo policial, en el año 2009, bajo la premisa de
crear el nuevo modelo policial, fundamentado en valores humanistas y en
garantizar los Derechos Humanos de todas y todos venezolanos.
En esa comisión se normativizó la
utilización de la fuerza en situaciones irregulares, transformando el
viejo uso de esta en lo que hoy conocemos como las prácticas del Uso
Progresivo y Diferenciado de la Fuerza (UPDF) y el Uso de la Fuerza
Potencialmente Mortal (UFPM), con la finalidad de garantizar los
derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos, ya que la técnica
se basa en utilizar más inteligencia y menos fuerza, esto en función de
no lesionar ni maltratar al ciudadano.
Jorge Sará es coordinador nacional de
las unidades curriculares UPDF Y UFPM, está adscrito al Vicerrectorado
de Desarrollo Académico de la UNES y comenta que estas técnicas tienen
más de 20 años de data en el contexto policial mundial, sin embargo, en
Venezuela han venido trabajándose para moldearlas o adaptarlas a
nuestras necesidades.
Asimismo, Sará resaltó que existe una
gran diferencia entre la fuerza y la violencia, ya que todas las
acciones de los funcionarios públicos deben estar direccionadas a
garantizar los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos.
A propósito de esto, Sará explicó que
cuando se usa la fuerza en representación del Estado siempre deberá
estar enmarcada en la legalidad para que no que se convierta en
violencia policial.