Durante muchos años los cuerpos policiales atentaron contra la integridad y los Derechos Humanos de las ciudadanas y ciudadanos venezolanos, utilizando técnicas violentas para neutralizar situaciones de riesgo o prácticas delictivas. Estas actuaciones se fueron incrementando y volviendo comunes en todos los cuerpos de seguridad, ya que los entes de seguridad del Estado formaban a las funcionarias y funcionarios bajo el criterio del amedrentamiento y la vulneración de los derechos de los ciudadanos.

Por su parte, los cuerpos de seguridad del Estado reconocían a las funcionarias y funcionarios que más infringían la ley, asesinaban, lesionaban y violaban Derechos Humanos como los mejores y más destacados en su área.

Tomando esto en consideración es especialmente necesario e importante recalcar que el uso de la fuerza debe ser el último elemento a considerar para resolver cualquier conflicto. No obstante, debe aclararse que el método para usar la fuerza es progresivo y su aplicación siempre dependerá de la conducta del ciudadano, ya que el funcionario deberá determinar qué tipo de fuerza utilizará, según la circunstancia que se plantee.

Las normas marcan la diferencia.

La Conarepol nace con el objeto de construir un nuevo modelo policial, en el año 2009, bajo la premisa de crear el nuevo modelo policial, fundamentado en valores humanistas y en garantizar los Derechos Humanos de todas y todos venezolanos.

En esa comisión se normativizó la utilización de la fuerza en situaciones irregulares, transformando el viejo uso de esta en lo que hoy conocemos como las prácticas del Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza (UPDF) y el Uso de la Fuerza Potencialmente Mortal (UFPM), con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos, ya que la técnica se basa en utilizar más inteligencia y menos fuerza, esto en función de no lesionar ni maltratar al ciudadano.

Jorge Sará es coordinador nacional de las unidades curriculares UPDF Y UFPM, está adscrito al Vicerrectorado de Desarrollo Académico de la UNES y comenta que estas técnicas tienen más de 20 años de data en el contexto policial mundial, sin embargo, en Venezuela han venido trabajándose para moldearlas o adaptarlas a nuestras necesidades.

Asimismo, Sará resaltó que existe una gran diferencia entre la fuerza y la violencia, ya que todas las acciones de los funcionarios públicos deben estar direccionadas a garantizar los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos.

A propósito de esto, Sará explicó que cuando se usa la fuerza en representación del Estado siempre deberá estar enmarcada en la legalidad para que no que se convierta en violencia policial.